En Ciudad Juárez, el silencio habla con cruces rosas y negras. Postes, paredes y cruces improvisadas narran la tragedia de una ciudad marcada por el feminicidio, pero también expresan la tenacidad de quienes transformaron el dolor en resistencia. Entre estas voces, sobresale la de Paula Flores Bonilla, una mujer cuya vida cambió radicalmente el 16 de abril de 1998, cuando su hija María Sagrario González Flores desapareció camino a la maquila. Trece días después, el cuerpo de Sagrario apareció torturado en el desierto, sumándose a la terrible estadística de “las muertas de Juárez”. Sin embargo, para Paula, su hija nunca fue un número; fue vida, sueños truncados y la razón para emprender una lucha incansable por justicia.

La indiferencia institucional fue el primer muro que Paula enfrentó. Sin apoyo de las autoridades, emprendió la búsqueda de su hija junto a su familia, colocando retratos en calles y postes. La noticia del hallazgo del cuerpo llegó por un reportero, no por la policía, subrayando la negligencia oficial. Este doloroso episodio marcó el tránsito de Paula hacia el activismo.

En respuesta, Paula fundó Voces sin Eco, el primer colectivo integrado por madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, considerado históricamente como el antecedente directo de los actuales grupos de madres buscadoras en el país, antes incluso de que dicha expresión existiera. La organización adoptó ese nombre porque el clamor desesperado por las desaparecidas no encontraba eco en las autoridades ni en la sociedad. Fue Guillermina, hija mayor de Paula, quien diseñó las emblemáticas cruces negras sobre fondo rosa, las cuales pronto se multiplicaron por la ciudad como un silencioso y contundente recordatorio del feminicidio. Año con año, estas cruces eran repintadas en un gesto de resistencia que se negaba al olvido.

La resistencia también tomó forma física en el espacio público. En 2001, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, se instaló la primera Cruz de Clavos, antimonumento pionero en México contra el feminicidio. Aunque inicialmente fue retirada, en 2002 se reinstaló una cruz aún mayor, que permanece como testimonio incómodo de la impunidad. Otra Cruz de Clavos se erigió en el Puente Internacional Paso del Norte, volviéndose un símbolo internacional que subrayaba que la violencia no conoce fronteras.

La vida y lucha de Paula quedaron plasmadas en el documental La carta, dirigido por Rafael Bonilla. Esta producción muestra a Paula narrando personalmente la odisea de doce años en búsqueda de justicia y enfrentando la desgarradora pérdida de su esposo, Jesús González, quien, incapaz de sobrellevar el duelo, terminó quitándose la vida en 2006. A pesar del dolor, Paula continuó con una resiliencia ejemplar: “Hay que seguir. No nos rindamos porque Dios es grande y algún día lograremos justicia”, afirma con una determinación que inspira a otras madres y colectivos de búsqueda.

Paula vive en Lomas de Poleo, ciudad perdida en las afueras de Juárez, olvidada por las autoridades y sin servicios básicos. Sus calles de tierra albergan a medio millón de personas atraídas por el auge maquilador, cuya vulnerabilidad propició que muchas jóvenes, trabajadoras y estudiantes, de esa periferia, fueran víctimas de desapariciones y feminicidios desde principios de los años noventa.

La tragedia de Sagrario intensificó las disputas locales y evidenció la extrema vulnerabilidad comunitaria. En este contexto, Paula no sólo buscó justicia, también canalizó su lucha hacia la mejora de su comunidad. En 2002, junto con otras familias, constituyó la Fundación María Sagrario González Flores y estableció un jardín de niños en honor a su hija, y llevó educación y dignidad a la colonia. Además, gestionó servicios básicos como electricidad y agua, aunque se enfrentó a represalias e, incluso, encarcelamiento temporal, demostrando un liderazgo y compromiso comunitario ejemplares.

La Cruz de Clavos, con los clavos que representan simbólicamente a cada víctima, ha sido un punto de encuentro permanente para rituales de memoria y protesta. Este símbolo conjuga la muerte —el negro— y la vida joven arrebatada —el rosa—, y es una poderosa mezcla de denuncia política a partir de sela tradición católica. Este antimonumento no sólo recuerda a las víctimas, también exige justicia y mantiene activa la memoria colectiva frente a la indiferencia institucional.

La lucha iniciada por Paula Flores Bonilla y las demás madres fronterizas sentó un precedente fundamental para los movimientos feministas y de familiares de víctimas en todo México. Sus acciones de memoria constituyen antimonumentos pioneros: expresiones no oficiales, nacidas de la indignación popular, que honran a víctimas ignoradas por el Estado y resignifican el espacio público como lugar de resistencia.

Años más tarde, esta forma de protesta simbólica se replicó en distintas regiones del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, colectivas feministas colocaron una gran cruz rosa frente al Palacio de Bellas Artes con la leyenda “¡Ni Una Más!”. Posteriormente, en septiembre de 2021, rebautizaron la antigua glorieta de Colón como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, e instalaron en su pedestal vacío la silueta violeta de una mujer con el puño en alto. Estos símbolos comparten con la Cruz de Clavos una esencia común: dar voz, desde la sociedad civil, a quienes han sido silenciadas y olvidadas por el Estado.

Las marchas del 8 de marzo se han convertido en ríos humanos que tiñen de morado y verde las calles de México, mientras exigen justicia para las más de diez mil mujeres víctimas de feminicidio cada año. Estas protestas, al igual que la labor incansable de decenas de colectivos de madres buscadoras que recorren campos, cerros y fosas en busca de sus hijas e hijos, son herederas del coraje inicial de Paula Flores Bonilla.

Pese a los logros simbólicos, la impunidad y la revictimización institucional persisten. Autoridades negligentes y discursos oficiales sexistas y clasistas han perpetuado la injusticia. No obstante, gracias a la presión ininterrumpida de familias y activistas, se han obtenido avances relevantes, como la creación de una Fiscalía Especializada y la histórica condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Esta sentencia reconoció formalmente la responsabilidad institucional en los feminicidios. En 2024, una disculpa pública oficial reiteró esa admisión de culpa, aunque la justicia plena continúa siendo una deuda pendiente.

En un país donde se siembran cadáveres, la cosecha ha sido determinada por décadas de omisión e indiferencia ante la violencia feminicida. Como respuesta, emergen expresiones hermanadas por el grito colectivo de “¡Ni una más, ni una asesinada más!”, una memoria insurgente que desafía la narrativa oficial y resignifica puentes internacionales, plazas y glorietas como escenarios de resistencia. En este contexto, los antimonumentos adquieren un papel crucial como manifestaciones de dignidad y denuncia.

Los antimonumentos, como la Cruz de Clavos, no son sólo gestos simbólicos. Son heridas abiertas que se niegan a cerrar mientras persista la impunidad; son pedagogías del dolor que enseñan a no olvidar. No ocupan plazas por capricho ni desafían al poder por mera provocación: son necesarios porque en un país sembrado de ausencias, el silencio es cómplice. Frente al discurso oficial que minimiza, borra o desplaza, los antimonumentos reclaman su derecho a permanecer como testigos incómodos. Son, además, actos de amor radical. Cada clavo, cada cruz, cada silueta erguida en el espacio público es sostenida por la fuerza de madres, familiares y colectivos que transformaron su duelo en exigencia colectiva. Por eso, la Cruz de Clavos no recuerda únicamente a María Sagrario y a las mujeres de Juárez, desde su silencio tallado en hierro, interpela a toda la sociedad: visibilizar a las víctimas es negarse a aceptar un futuro definido por la violencia y el olvido.

Así, los antimonumentos, lejos de ser efímeros, inscriben en el tiempo una memoria insurgente que desafía al presente. Son la voz persistente de quienes, como Paula, decidieron que ante la ausencia de justicia institucional, la sociedad misma debía levantar sus propios altares de resistencia y dignidad.