El manifiesto del 27N fue escrito en abril de 2021 por una parte de la escena intelectual cubana interesada en la demanda de derechos cívicos y autoreconocida en la frase “derecho a tener derechos” como una comunidad más cívica que política.

El 27 de noviembre de 2020 en La Habana se reunieron de forma espontánea, y no a partir de una convocatoria gubernamental, cientos de jóvenes frente al Ministerio de Cultura para pedir respuestas. Fue una manifestación sin precedentes, las imágenes de ciudadanos sentados en el suelo durante horas exigiendo una respuesta institucional eran totalmente nuevas.

La noche del 26 de noviembre la policía política había desalojado por la fuerza la sede del Movimiento San Isidro (msi) donde se encontraban acuarteladas 14 personas —artistas, periodistas y activistas—, ocho de ellos en huelga de hambre. El reclamo del msi era la liberación del rapero Denis Solís sancionado por desacato a la autoridad a ocho meses de prisión en juicio sumario.

El Movimiento San Isidro surgió en 2018 luego de que fuera aprobado el Decreto-Ley 349, mediante el cual el Estado ha legalizado la censura del arte en Cuba y criminalizado los espacios de exhibición, promoción y realización de las propuestas artísticas independientes, entre otras prohibiciones y regulaciones que atentan contra la libertad de expresión.

Ilustración de Julio Llópiz-Casal

Los artistas, cineastas, actores, curadores, escritores, músicos, periodistas e intelectuales que se reunieron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pedían una respuesta inmediata al Ministerio de Cultura y al Ministerio del Interior por el brutal desalojo del msi y la liberación del artista y fundador del mismo, Luis Manuel Otero, quien permanecía detenido en un hospital después de dicho desalojo. Además, exigían la liberación de Anamely Ramos, de cuyo lugar de detención no se tenía noticias, y por supuesto, la liberación del rapero Denis Solís.

El 27 de noviembre luego de horas de espera, durante las cuales se reunieron más de cuatrocientas personas, los funcionarios de dicho ministerio aceptaron dialogar con treinta representantes para escuchar las demandas de los allí reunidos. En este primer encuentro con la institución se pidió el cese de la represión contra artistas, periodistas, activistas y ciudadanos en general; cese de la difamación de artistas y periodistas independientes mediante la prensa y la televisión estatal; el reconocimiento de la prensa independiente como interlocutor y la negociación de condiciones para un diálogo —en el cual, por ejemplo, fuera posible la transmisión pública en medios no estatales—.

Estos reclamos eran de interés cívico más que exclusivamente del gremio artístico, fundamentales para una nación despolitizada, altamente ideologizada y sin las herramientas básicas para exigir derechos: la libre asociación y el pluripartidismo, la manifestación pública, la prensa libre y el acceso a Internet. Este último proporcionado por una única empresa estatal, Etecsa, sólo en puntos wifi no gratuitos desde hace cinco años, mediante datos móviles extremadamente caros desde hace dos años, y aún sin servicio de red para las viviendas.

En ese momento, el 27N fue el vocero de estas demandas básicas para la ciudadanía porque a pesar del control estatal de todos los sectores y niveles de la vida laboral, pública y privada, las élites de artistas, escritores, cineastas, actores, curadores y teóricos han logrado sostener el derecho al libre pensamiento. La autonomía del arte frente al Estado, no de sus instituciones pero sí del pensar y producir, ha logrado conformar ciudadanos políticos.

Ilustración de Julio Llópiz-Casal

El 27N es, entonces, una comunidad que funciona de forma horizontal, sin líderes, en donde cada miembro trabaja según su disponibilidad de tiempo. En estas condiciones de descentralización y diversidad de pensamiento, en abril de 2021, el 27N redactó y público un manifiesto donde, entre otras cosas, explicita sus objetivos. Primero: promover la participación ciudadana para la reivindicación de derechos. Se trata del paso uno para que una ciudadanía ideologizada pero despolitizada comience a tomar decisiones cívicas sobre su futuro como nación. Para ello, el 27N insiste en la importancia de respetar el derecho a la libre expresión, sin censura y represión por parte de un gobierno autoritario, acostumbrado a utilizar la fuerza ante el disentir en cualquiera de sus formas. Segundo, crear, fortalecer y promover condiciones para la creación de consensos. Para el 27N es fundamental promover el trabajo en conjunto con la sociedad civil para comenzar a construir el futuro de la nación. Todas aquellas asociaciones, grupos y actores que durante años han trabajado y promovido derechos ciudadanos imprescindibles deben —ya creadas agendas medulares— aunar todas estas preocupaciones, experiencias y proyectos. Es otro objetivo del 27N. Tercero: promover la legalización del posicionamiento independiente; es urgente insistir en el derecho a la libre asociación para la creación de espacios no controlados por el Estado, donde los ciudadanos logren consolidar una verdadera autonomía personal y colectiva.

Durante los meses que siguieron a la publicación del manifiesto, y como consecuencia de los intentos de reclamos de los derechos antes mencionados —mediante acciones legales y nuevos intentos de manifestaciones públicas—, la mayoría de los miembros de la comunidad 27N han sido obligados a salir del país, desterrados para siempre o apresados. El suceso más reciente y lamentable fue la condena a cinco y siete años de prisión a los miembros del msi y artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, respectivamente, en junio de 2022.