Durante casi veinticinco años, desde la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1989, la política cultural tuvo tres grandes orientaciones. La primera fue el intento de dar un sentido unificado a las acciones de los diversos aparatos culturales creados en las décadas anteriores, pero que tenían un accionar propio e independiente. Lo segundo fue lo que se podría llamar la “modernización” de la política cultural al incorporar a sus definiciones conceptos como diversidad, libertad artística, industria cultural, creatividad, consumo cultural, sistemas de información, derechos culturales, etcétera, que orientaron nuevas prácticas en la cultura. La institucionalidad cultural fue el tercer campo de acción del sector público que dio lugar a la creación de nuevos organismos y fideicomisos como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y que también abarcó cuestiones relacionadas con la normatividad, como la reforma al artículo cuarto de la Constitución que integró a la Carta magna el derecho a la cultura. Desde luego, el hecho más significativo fue la creación de la Secretaría de Cultura en 2015.

Para quienes seguimos de cerca esos procesos saltaba a la vista el interés por romper con una visión sectaria y excluyente de la cultura vinculada a un rancio proyecto nacionalista que supeditaba el desarrollo cultural al interés del estado; pero acabada la tarea de unificar, actualizar y afinar la institucionalidad cultural surgieron nuevos temas de reflexión sobre la cultura. Los últimos años del gobierno de Peña Nieto mostraron que crear una secretaría no representaba ni un cambio en la política cultural ni tampoco una mejora en la asignación de recursos. Se hizo evidente una desilusión entre los agentes culturales que fue ampliamente capitalizada por el movimiento que dirigía Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo la audacia de proponer con mucha anticipación un gabinete de gobierno y líneas sectoriales de acción. En materia de cultura, la designación de Alejandra Frausto, que había estado al frente de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y había sido también secretaria de cultura del estado de Guerrero, significó para algunos un cambio notable que rompía con casi treinta años de continuidad del grupo encabezado por Rafael Tovar y Teresa. También fue interesante la definición de que había llegado el momento de las culturas comunitarias, las cuales habían tenido una atención marginal en los años anteriores. La cultura parecía vivir aires de renovación y de una saludable politización a partir de la cual se redefinía la orientación de los recursos públicos.

Sin embargo, el entusiasta apoyo de los sectores del campo de la cultura al proyecto del nuevo gobierno se fue agotando de manera acelerada. Un primer factor negativo fueron los recortes presupuestales y de personal necesarios para que el gobierno pudiera contar con los medios para su inmenso programa social. Las instituciones culturales vieron menguados sus recursos, pero no sus obligaciones y empezaron a tener problemas para cumplir con su encargo social. Más tarde fueron factores administrativos los que afectaron los programas de cultura. Incluso el proyecto más relevante de este sexenio —el programa de cultura comunitaria— se vio entorpecido por estos motivos.

¿Cómo explicar el decaimiento de la política cultural y la pérdida de apoyo de los actores culturales? Éste no ha sido el sexenio de la planeación de las políticas públicas. Los tropiezos del gobierno en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo —un plan rechazado por el presidente y suplido con premura por una colección de fragmentos de sus propios discursos— mostró con claridad que lo importante en su concepción de las políticas públicas es la fijación de grandes objetivos y no la definición de medios y metas. Muchos organismos de la administración gubernamental —un elefante reumático como le ha llamado recurrentemente el presidente—^[1] se han visto cuestionados en su actividad por la falta de claridad en sus objetivos y por la superposición de funciones, cuando no por ser señalados como inútiles o corruptos. La urgencia de lo inmediato afecta el accionar del aparato público. Es frecuente en toda la administración gubernamental que funcionarios salten a intervenir en espacios aparentemente alejados de su misión institucional. El canciller de la República compra carros tanque o vacunas; la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se hace cargo en otro momento de la distribución de vacunas anti Covid 19, o el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, funge como principal responsable de los festejos realizados en 2021 en torno al quinto centenario de la caída de Tenochtitlán y el bicentenario de la culminación de la independencia.

Por otra parte, la notable interferencia del “Espacio cultural de los Pinos y bosque de Chapultepec” en los programas y presupuesto de la Secretaría de Cultura ha sido motivo de amplio rechazo por parte de numerosos actores culturales. El programa absorbe la cuarta parte del presupuesto de la secretaría y los recursos son ejercidos en gran medida por otras instancias de gobierno, pues, como reconoce uno de sus diseñadores, este programa “no es estrictamente cultural, sino ambiental y de espacio público”.^[2] Se ha tenido que construir un complejo discurso para justificar el sentido cultural de este proyecto, así como su necesidad y su impacto social a favor de los más marginados y de la nación en su conjunto. Con todo y a pesar de sus defensores, no se ha podido evitar que al Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec se le vea como “victimario de la cultura”.

La política pública de cultura es hoy, como otros campos de la administración, un ejercicio de austeridad en el que las instituciones tratan de evitar que lo construido por años de intensa actividad pública se arruine. Desde luego no han faltado argumentos en contra. Este mes de enero, con motivo de las protestas de profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Presidente ratificó su compromiso con la cultura y con el inah. Incluso señaló la ampliación de los recursos de este instituto: “actualmente Antropología cuenta con un presupuesto mayor, lo cual se pueba con que el Tren Maya incluye un ‘presupuesto adicional’ para las zonas arqueológicas”. Y abundó: “Se van a destinar recursos, ya se están haciendo para mejorar zonas como Palenque, Uxmal, Tulum, Chichen Itzá, Edzná, todas…”.^[3]

Hay que evaluar, sin embargo, estas aseveraciones del Presidente. Es indudable que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha recibido importantes recursos con motivo de los hallazgos paleontológicos de mamuts y otros animales por la construcción de nuevo aeropuerto Felipe Ángeles o por las obras de arqueología impuestas por las excavaciones del tren maya, pero estos recursos son obligados por la normatividad vigente. Puede ser que su monto sea altísimo, pero están fuera de toda programación institucional y, posiblemente, los recursos se han ejercido muy a pesar del gobierno de la república.

La diferencia entre políticas públicas de cultura y el gasto en el rescate de patrimonio arqueológico o paleontológico es que las primeras suponen un proceso de discusión democrática de metas y medios, y lo segundo es resultado de imposiciones externas, como el descubrimiento del cementerio de mamuts más grande del mundo. Hoy parece imposible volver a una idea de planeación cultural y de debate sereno de las políticas públicas de cultura.

^[1] Palmira Tapia Palacios, “Mover al elefante: los megaproyectos del sexenio”, en Forbes: https://www.forbes.com.mx/mover-al-elefante-los-megaproyectos-del-sexenio/ [Consultado el 19 de enero de 2022]_.

^[2] “El proyecto Chapultepec no es el victimario de la cultura: Mauricio Rocha”, en El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/el-proyecto-chapultepec-no-es-el-victimario-de-la-cultura. En esta entrevista, Mauricio Rocha niega que el proyecto afecte el accionar de las instituciones culturales, sin embargo, es difícil negar este resultado. [Consultado el 17 de febrero de 2022]_.

^[3] “Habrá apoyo económico para enah, pero continuará reforma administrativa para evitar derroche, dice amlo”, en Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2022/01/apoyo-enah-continua-reforma-administrativa-derroche-amlo/ [Consultado el 3 de enero de 2022]_.